-¿Qué rol jugaron las desaladoras y el tratamientos de agua para enfrentar la situación de escasez hídrica de Cataluña?

-Las desaladoras han tenido un rol esencial. Una de las características que tiene (Cataluña) es que el 80% de la población se concentra en la costa y cerca de cinco millones están en Barcelona y su área metropolitana. Es una zona que históricamente depende del agua que viene de los ríos y que se almacena en los embalses. Pero, cuando ese agua se agota, el única que nos queda es la que podemos ir a buscar a la playa. Entonces, ahí es donde las desaladoras han jugado un papel fundamental para poder mantener la garantía del servicio.

-¿Cómo fue el uso de estas en tiempos de escasez hídrica? 

-En una situación de normalidad, lo más habitual es tener un volumen más importante de agua procedente de ríos y de embalses, y tener las desaladoras a un nivel bajo. Pero, durante la sequía lo que se hace es invertir esa configuración de manera que se pone a las desaladoras a funcionar prácticamente al 100% de su capacidad, debido a que de los embalses y de los ríos se puede sacar muy poco (de agua). En los momentos más críticos de la sequía, el  55% del agua que se consumía en Barcelona procedía de desalación o de regeneración.

-¿En qué punto se encuentran actualmente en materia de construcción de nuevas plantas desaladoras o de tratamiento de aguas residuales?

-Operamos ahora con dos plantas desaladoras y estamos trabajando para tener tres nuevas plantas a 2032. Estamos a punto de licitar una de ellas antes de que acabe el año. La segunda, se espera que en el primer semestre de 2026 saldrá la publicación (del concurso), y para la tercera comenzamos a hacer distintos estudios de alternativas, estudios de impacto ambiental y ver dónde localizarla (…).

También, se está potenciando la construcción de dos nuevas plantas potabilizadoras y la mejora de dos que están en operación. Evidentemente nunca estarán funcionando todas al 100%, pero disponer de una reserva de capacidad es interesante para cubrir la garantía del servicio.

-¿Hay un tipo de incentivo gubernamental para este tipo de proyectos?

-Incentivo económico no. Estos proyectos los autofinanciamos con el agua que vendemos a los municipios, tenemos unos ingresos económicos que deberían ser suficientes para financiar estas infraestructuras a largo plazo. Pero, a raíz de la sequía tan prolongada e intensa que hemos tenido en los últimos 4 o 5 años, el gobierno de Cataluña en agosto de 2024 publicó un acuerdo por el cual declaraba una serie de actuaciones como prioritarias y urgentes para garantizar que el 80% de la demanda no dependiese del ciclo hidrológico.

Es decir, hay una apuesta política por la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas y nuevas desaladoras para que a partir del 2030-2035 el 80% de la demanda pueda ser atendida de forma independiente a cómo se comporte el clima.

-¿Cómo ha sido la percepción de los ciudadanos sobre las desaladoras?

-Una de las cosas que se les criticó a las desaladoras es que durante muchos años funcionaron a un régimen de explotación muy bajo, probablemente a un 10% o un 15% de su capacidad de producción. Pero, esto es lo normal cuando tienes otros recursos que son más económicos de tratar. Entonces, la crítica que se hizo en algún momento a las desaladoras es que se habían construido para nada y se había gastado mucho dinero público.

Pero, cuando en situación de crisis ya se han puesto a trabajar, produciendo al 100% de su capacidad y eso ha permitido satisfacer la demanda de todos los ciudadanos durante 3 años, la percepción pública ha cambiado.

-¿Cuáles son las principales trabas que enfrentan allá los proyectos de este tipo?

-El problema es encontrar dónde implantar esa instalación porque casi toda la población se encuentra concentrada en la costa. Así, muchas veces encontrar un emplazamiento disponible para esa instalación es difícil. El otro problema que estamos afrontando es la disponibilidad eléctrica porque hay veces que el sitio donde quieres implantarla no cuenta con una línea eléctrica importante para abastecer el consumo de la planta. También, el vertido de salmuera debe hacerse con toda la atención y con toda la prevención para no afectar ambientalmente.

-Desde que presentan un Estudio de Impacto Ambiental para proyectos de esta envergadura, ¿Cuánto demora el organismo técnico competente en aprobar o rechazar la iniciativa?

-Unos 10 meses como mucho. De hecho, la ley que regula la tramitación establece un período de seis meses para que órgano encargado de este trámite resuelva la petición. En el medio puede haber consultas a otros organismos que pueden pedir información complementaria y aunque tengan seis meses, lo normal es que sean siete u ocho para superar el trámite ambiental.

Nuestra planificación prevé que, desde que tenemos el Estudio de Impacto Ambiental, lanzamos un concurso para la construcción de esa desaladora, entre la preparación de la documentación, la presentación de ofertas, evaluación de ofertas, elección de adjudicatarios, firma de contrato, puede pasar un año. Y, a partir de ahí, la construcción de la planta finaliza 3 años después.

-Tomando en cuenta aspectos de retrasos en proyectos de inversión en Chile, ¿Cuál sería tu recomendación para agilizar la construcción de desaladoras?

-Es una recomendación, pero no solo para Chile, también para nosotros mismos, El secreto es planificar bien y anteponerse a las crisis. Cuando estás en medio de una crisis se hace lo que se puede, pero una desaladora no se construye de la noche a la mañana; menos de dos años es imposible.

Si te das cuenta que necesitas una desaladora cuando ya estás en aprietos, no te va a sacar de la crisis, te sacará de la siguiente. Pero, esa la vas a tener que pasar con lo que tengas (…) A pesar de que podamos dotarlas de urgencias, que podamos priorizar las decisiones, que quizás en este tipo de momentos pueden aflorar recursos económicos que no están disponibles en situaciones ordinarias, pero vas a necesitar dos años para construirla si ya tienes un proyecto, porque, si no lo tienes, añádele un año más.

Las instalaciones que tenemos son el resultado de crisis que tuvimos que superar sin tener esas instalaciones. Una política sensata es tomar la decisión de decir “ahora no es necesario, sé que vamos a comprometer mucho dinero, pero nos va a hacer falta”.

-¿O sea, la idea es anteponerse a las crisis?

-Hay que ponerse en los peores escenarios que pueden venir, esperar que no pasen, pero estar preparados para lo peor. Creo que no hay incertidumbre en torno a que vamos a tener que afrontar crisis climáticas importantes.

Es verdad que con las desaladoras o la construcción de grandes estructuras se consumen muchos recursos económicos, que por lo tanto hay que sustraer de otros ámbitos de la sociedad. Pero una sequía también tiene un impacto económico brutal y directo en el producto interno bruto de un país. Cuando los pones en la balanza, el esfuerzo inversor compensa sobradamente los daños económicos que se derivan de una sequía a nivel nacional.