¿Cómo analiza el IFC el aumento de la industria de la desalación en Latinoamérica? ¿Qué tal está la región si la comparamos con el resto del mundo?

La desalinización es crucial en mercados emergentes, los principales para IFC y el Grupo Banco Mundial, y se estima que esta industria crezca en 5% anual, aunque podría ser incluso mayor. Si bien Latinoamérica está en fases iniciales con sólo 4% del mercado global, la región alberga tres (Chile, Perú y México) de los 25 países más afectados por la crisis hídrica. En Medio Oriente y los países del CCG, la región más críticamente afectada, la desalinización lidera en su uso industrial y para el consumo humano, con 60% de las plantas globales.

Chile es el país más adelantado en la región, con más de 20 plantas (25% de la capacidad) gracias a la industria minera que ha asegurado operaciones en el país con más estrés hídrico de Latinoamérica. Luego le siguen Brasil, México y Perú que seguirán esta tendencia de crecimiento.

¿Por qué apostar por este tipo de proyectos desde el Banco Mundial? ¿Qué rol juega la sustentabilidad en estas iniciativas? 

El agua es vital y todos los aspectos de la economía y el desarrollo humano, desde el consumo humano al uso agrícola, de industrias y la generación de energía. De hecho, 15 de los 17 ODS de la ONU están vinculados al agua.

De acuerdo con la ONU, el 40% de la población mundial vive a menos de 100 km de la costa, por lo que la desalinización es una alternativa viable. Aunado a esto, el agua desalinizada no depende de las precipitaciones, por lo que puede ser una fuente “base” y estable de agua. No obstante, es fundamental que estos proyectos cuenten con consideraciones clave de sostenibilidad, como la participación y el cuidado de los impactos comunitarios, el uso de energía limpia y el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad. IFC y el Banco Mundial tienen un rol clave en la desalinización (y en el reúso), asegurando que los proyectos sucedan con altos estándares.

Las desaladoras pueden ser multipropósito, por ejemplo, en el norte de Chile una posibilidad sería que una planta pueda llevar agua a la industria minera pero también abastecer al consumo humano. ¿Bajo su perspectiva este es el futuro de la industria?

Absolutamente. Si bien la primera fase de desarrollo de las plantas desaladoras en Chile fue liderada por la minería, los modelos multiusuario constituirán la segunda generación de la industria al proveer agua a varios clientes no solamente mineros o industriales, sino incluso a la agricultura y a clientes residenciales, generando beneficios compartidos. Vemos ahora aprobaciones ambientales en Chile para proyectos de desalinización que requieren ya que los proyectos den acceso al agua a comunidades. Esto es un paso relevante que mejora el acceso al agua, yendo más allá de una visión de licencia social.

En general, si las plantas multipropósito buscan ampliar su impacto para consumo residencial (como es el caso ya en el Medio Oriente), puntos clave a considerar son: manejo de los requerimientos de los diferentes usuarios en temas como calidad de agua, prioridad de acceso, tarifas, estacionalidad, y riesgos de interfase; así como asequibilidad de tarifas, cuya solución puede venir ya sea de subsidios cruzados y apoyos por parte de los industriales o del estado (este fue el caso de Los Cabos en México, estructurado por IFC).

El cambio climático y la sequía han golpeado fuertemente a nuestro país en casi la totalidad de su territorio ¿Cómo ve la actualidad chilena de cara a un aumento potente de la necesidad de desarrollar la desalación?

Si bien el sector privado ha desempeñado un rol impulsor en el desarrollo de una industria resiliente en Chile, esto tiene sentido económico dado el costo más alto de la desalinización. Para que esta tecnología llegue a una base más amplia de usuarios, el rol facilitador del sector público es crucial, especialmente como una herramienta de adaptación al cambio climático.

Ya sea a través de regulaciones y tarifas que incorporen el efecto de las sequías al permitir concesiones financiables, implementación de esquemas de APP respaldados por entidades públicas, garantizando permisos y aprobaciones sólidas pero ágiles; el rol del sector público es clave en esta nueva realidad hídrica. Por último, la reutilización de aguas residuales debe considerarse como una herramienta complementaria a la desalinización, al ser una pieza clave para enfrentar los efectos del estrés hídrico.