En un escenario marcado por la escasez hídrica, el cambio climático y las crecientes demandas productivas, Chile se encuentra en una etapa decisiva para fortalecer su marco legal e institucional en materia de gestión del agua. La combinación entre una crisis climática cada vez más evidente y un marco regulatorio en evolución plantea el desafío de avanzar hacia un modelo que combine seguridad hídrica, transparencia y sostenibilidad.

Los principales retos legales y regulatorios que enfrenta el país se dividen entre las reformas aún pendientes y la correcta implementación de las leyes recientemente aprobadas. En este sentido, por un lado, está el Proyecto de Ley de Desalinización (Boletín 11.608-09), que será fundamental para la gestión de los recursos hídricos a futuro, y por otro, la puesta en marcha de normas clave como la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, la Ley Marco de Cambio Climático y la reciente Reforma al Código de Aguas.

Esta última introdujo cambios significativos en materia de certeza jurídica, al establecer la temporalidad de los derechos de aprovechamiento y permitir su prórroga bajo causas justificadas. Este cambio evita la especulación e incentiva el uso efectivo del recurso. Sin embargo, aún está por verse el impacto real de estas reformas sobre la inversión en infraestructura hídrica, especialmente a partir de las modificaciones introducidas a la Ley 18.450, que busca fomentar el desarrollo de obras privadas de riego.

En paralelo, el desafío no solo pasa por ajustar las reglas existentes, sino también por adaptar el marco legal para incorporar nuevas fuentes de abastecimiento, como la desalación y el reúso de aguas tratadas. El proyecto de desalinización contempla la priorización del consumo humano, en línea con la reforma al Código de Aguas, pero requiere complementarse con políticas públicas activas que promuevan la recarga de acuíferos y el reúso de aguas servidas. Sin una estrategia integral que combine regulación y fomento, la diversificación de fuentes podría quedar en el papel.

Además, una gestión moderna del agua requiere también una nueva institucionalidad, capaz de equilibrar la seguridad hídrica con la protección ambiental y el acceso equitativo al recurso. Chile necesita un Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH) basado en cuencas como unidad de gestión, con autoridades regionales que impulsen planes locales de conservación y fiscalización preventiva. Además, los conflictos deberían resolverse mediante mecanismos de mediación, especialmente cuando se trate de comunidades rurales vulnerables.

La gestión del agua en Chile atraviesa una etapa de definiciones. Las reformas en curso abren una oportunidad para modernizar el sistema y avanzar hacia una gobernanza hídrica más transparente, descentralizada y participativa. El desafío no es únicamente normativo, se trata de construir una institucionalidad que dé confianza, promueva la inversión y asegure el agua con una mirada de largo plazo. En este contexto, instancias como el Congreso ACADES 2026 resultan fundamentales para reunir al mundo público, privado y académico en torno a estas discusiones, compartir experiencias y construir consensos que aceleren el desarrollo de una gestión hídrica moderna, sostenible y equitativa para el país.