-¿Qué rol debiera cumplir la desalación dentro de la estrategia hídrica de un país como Chile, considerando su geografía, la escasez estructural de agua y la experiencia internacional?

La desalinización debe ocupar un rol estratégico como fuente complementaria y permanente dentro del mix hídrico de Chile. Dada la geografía del país y su situación de estrés hídrico estructural, es fundamental incorporar soluciones de agua no convencional que permitan asegurar la continuidad del suministro tanto para consumo humano como para actividades industriales y agrícolas.

En muchos países, como España o Estados Unidos (California), las plantas desalinizadoras ya no se conciben exclusivamente para periodos de emergencia hídrica, sino como infraestructuras permanentes. Su operación puede ajustarse estacionalmente, e incluso aprovechar los periodos de menor demanda para recargar acuíferos sobreexplotados, reforzando así la resiliencia del sistema hídrico nacional.

-¿Cuáles han sido los principales obstáculos que han visto a la hora de invertir en Chile?

Chile enfrenta desafíos similares a otras geografías, aunque con particularidades propias. Uno de los principales obstáculos ha sido la ausencia de una visión política integral y de largo plazo respecto a las infraestructuras hídricas. A pesar de la voluntad expresada por distintas autoridades, los avances han sido limitados.

Existe una falta de alineación entre las distintas entidades que participan en la autorización de proyectos —ambientales, marítimas, territoriales— y esto genera demoras significativas. A modo de ejemplo, en nuestra planta de gestión anaeróbica en Osorno, Ecoprial, realizamos una inversión directa de 12 millones de euros con un diseño que anticipaba su futura expansión. El proyecto fue concebido desde el inicio para aumentar su capacidad de 50.000 a 70.000 toneladas anuales. Cuatro años después, seguimos sin contar con la aprobación para llevar a cabo esa ampliación, a pesar de que la inversión fue realizada por nuestra compañía hace ya tres años.

-¿Y no ve mejoras o mayores esfuerzos para cambiar ese escenario en el último tiempo?

Lamentablemente, los esfuerzos recientes no han tenido el impacto necesario. He tenido la oportunidad de reunirme tanto en Chile como en Europa con delegaciones oficiales, incluyendo la ministra del MOP y el director de Infraestructuras. Aunque se presentó un plan ambicioso, la realidad es que, en términos prácticos, no hemos observado mejoras significativas.

El caso de nuestra planta en Osorno es ilustrativo: tras varios años de gestión y una inversión ya materializada, seguimos esperando una respuesta administrativa. Este tipo de situaciones envía señales contradictorias a los inversores y limita el desarrollo de soluciones hídricas urgentes para el país.

-¿Dónde ven que están concentradas las trabas? ¿Autoridad marítima, autoridad ambiental, algún organismo en particular?

Más que identificar una sola entidad, el problema radica en la fragmentación institucional y en la ausencia de una estrategia país coherente. Chile no tiene hoy una visión global en infraestructura. Cuando los organismos actúan de forma aislada y sin una visión común, se pierde perspectiva sobre el rol estratégico que cumple el agua para el desarrollo del país.

Proteger el medio ambiente es una prioridad incuestionable, pero debe compatibilizarse con el desarrollo de infraestructuras que permitan garantizar el suministro de agua. Esa falta de equilibrio y coordinación genera barreras innecesarias para los inversores y retrasa soluciones urgentes.

Chile tiene el diagnóstico claro: concesiones marítimas, permisos ambientales, derechos de agua. Pero no ha logrado traducir ese diagnóstico en una política hídrica estructural que genere confianza y atraiga inversión. El país necesita definir una visión de largo plazo, de al menos 20 años, que otorgue certidumbre institucional y viabilidad a los proyectos.

La escasez de agua no va a mejorar. Los recursos son los mismos que hace 150 años y la demanda crece. La única solución es optimizar y usar recursos no convencionales como la desalinización y el reúso.

-¿El rol del Estado debería ser más de coordinador y que ayude a ejecutar las inversiones?

El Estado tiene un papel clave como facilitador del desarrollo de infraestructura hídrica. No se trata necesariamente de que financie directamente todos los proyectos, sino de que cree las condiciones necesarias para que las inversiones se materialicen. Eso incluye planificación territorial, regulación clara, agilidad en los permisos y, sobre todo, estabilidad jurídica.

-Hay países como Perú donde la política y las inversiones van por carriles distintos y los proyectos de inversión avanzan rápido. ¿Ves que países vecinos estén avanzando más en estos temas mientras Chile sigue atrapado en las mismas trabas?

Sí, claramente. El caso de Perú es un ejemplo interesante. Hemos trabajado allí extensamente y valoramos el dinamismo que permite el modelo de iniciativas privadas. En ese esquema, el promotor identifica una necesidad, presenta la solución técnica y financiera, y si es viable, obtiene el derecho a desarrollar el proyecto.

Una vez presentada la iniciativa, el Estado tiene dos opciones: adjudicar directamente al desarrollador o abrir una licitación pública. En este último caso, el proponente original suele tener una ventaja competitiva clara, porque ya ha asumido los costos de diseño, estudios y localización, lo que normalmente le permite quedarse con el proyecto. Este modelo acelera enormemente los procesos y fomenta la inversión responsable.

Chile, en cambio, aún no ha adoptado ese tipo de mecanismos de forma sistemática, y eso limita su capacidad de respuesta frente a la crisis hídrica.

-¿Y les ha podido transmitir eso al gobierno de Chile?

Sí, en múltiples ocasiones. Hemos planteado que cuando se estructura un modelo claro, que atraiga a empresas con experiencia, el avance es mucho más rápido. Pero para eso se necesita una institucionalidad fuerte, una ventanilla única que coordine los distintos aspectos del desarrollo de infraestructura hídrica y una hoja de ruta consensuada a largo plazo.

El caso de la planta desalinizadora de Coquimbo es ilustrativo. El proceso tomó más de cuatro años, y, aun así, su implementación presenta serias deficiencias. Eso desincentiva la participación de operadores con capacidad de ejecución y estándares internacionales.

-¿Ves que con el gobierno de José Antonio Kast haya una posibilidad de avanzar a pasos más grandes en ese tema?

Hay razones para tener esperanza. En nuestras conversaciones con distintos actores políticos hemos visto apertura a analizar modelos exitosos implementados en otras regiones. No se trata de ideología, sino de eficacia.

El resultado ha sido notable: plantas de desalinización de última generación, operadas por expertos internacionales, financiadas sin recurrir a fondos públicos, y con una visión a largo plazo. Chile puede y debe avanzar en esa dirección, adaptando esos modelos a su realidad local.