-¿Cuál es el diagnóstico sobre el momento que vive la industria de la desalación?

-Hay un cambio general. Cuando asume un nuevo gobierno, del color que sea, todos queremos que le vaya bien. Y hoy estamos viviendo un momento positivo: tanto el gobierno como la sociedad chilena quieren recuperar el crecimiento, generar más empleo y abrir oportunidades. Eso implica revisar los equilibrios. No existe crecimiento sin impacto ambiental; toda actividad humana lo genera. Por lo tanto, el desafío es encontrar el punto óptimo, equilibrando costos y beneficios.

-¿Ven un cambio con el nuevo Gobierno en la forma de entender esta industria y su relación con el Estado y la ciudadanía?

-Hoy se ve un consenso más claro respecto de que el agua es un recurso estratégico. Es fundamental para la vida, para el desarrollo y para la actividad cotidiana. Además, contamos con las herramientas técnicas, financieras y tecnológicas para desarrollar infraestructura que permita asegurar el acceso al agua para todos.

-El proyecto de ley que regula la desalación pareciera que tendrá grandes avances. 

-Esto partió en el segundo gobierno de Piñera, y contó con apoyo transversal; parlamentarios de distintos sectores participaron activamente en su desarrollo. Un buen ejemplo es lo que ocurrió en la Región de Coquimbo durante la administración pasada. Tres senadores de distintas tendencias políticas —Partido Comunista, UDI y Demócratas— apoyaron de manera unánime la construcción de la desaladora para consumo humano en la región. Hoy ese consenso se ha ampliado.

-¿Ve que el impulso de esta industria está en el sector privado?

-El propio ministro de Hacienda lo ha señalado: no hay un peso y hay que acortar gastos. También, nos los recordó el expresidente Frei anoche sobre que el Estado tiene restricciones, pero el sector privado tiene interés, recursos y capacidad de inversión. A nivel global hay liquidez, y Chile sigue siendo un país que genera confianza y estabilidad. Si logramos agilizar los permisos y recomponer confianzas, existen tanto la necesidad como la posibilidad técnica y financiera de hacerlo. Hay que destrabar algunos nudos y esto puede despegar como un avión.

-Usted habló de la desaladora de Coquimbo, que ha enfrentado complicaciones en su proceso de licitación y hoy tiene en pausa su evaluación ambiental, ¿cómo evalúa este proceso?

-La necesidad de nuevas fuentes de agua en la región de Coquimbo es indiscutible y lleva años sobre la mesa. La principal frustración ha sido la lentitud del proceso. En su momento hubo una iniciativa de interés público declarada que luego se descartó en favor del modelo de concesiones. Finalmente se realizó una licitación en la que participaron solo dos empresas, pero con ofertas competitivas, lo que es positivo.

-Ahora el desafío es que el Estado, el ecosistema institucional y las comunidades seamos generosos en no defender intereses particulares sino de la región, para que haya agua. Esta planta es para consumo humano, para evitar la migración, mantener la actividad productiva y asegurar el funcionamiento de servicios básicos como colegios. Esa perspectiva debiera primar.

-¿Hay críticas al proceso de evaluación ambiental?

-El problema no es exclusivo de esta desaladora, sino que es un problema de prácticamente todos los proyectos de inversión. Existe un sistema que tiende a interpretar las normas con criterios muy particulares, a veces incluso sin suficiente sustento técnico. Como está diseñada nuestra normativa privilegia lo específico por sobre la visión de conjunto. Y, cuando uno se enfoca demasiado en el detalle, pierde la perspectiva general. Lo que se necesita es tomar distancia, ponderar y buscar un equilibrio.

Fuente: Ex-Ante